Todo listo para
DEMOLER BUENOS AIRES…
El macrismo conjuntamente con Proyecto SUR se sacaron de encima a la
persona más molesta para los intereses empresarios inmobiliarios de la Ciudad.
La presencia de Mónica Capano en la Comisión para la Preservación del
Patrimonio Histórico Cultural constituía un obstáculo insalvable para que las
grandes empresas de la construcción y los grandes estudios de arquitectura
demuelan lo que queda de nuestro patrimonio urbanístico.
Mónica
Capano se transformó en un verdadero problema para el macrismo en su aspecto
empresarial. Capano, militante del Frente para la Victoria,
mostró una grata energía en
darles voz a los vecinos y a los patrimonialistas, a los que ayudó y mucho con
argumentos, investigaciones legales y buenas ideas políticas. Todos estos
imperdonables ataques resultaron en que el
PRO se decidiera a echarla, y con la
ayuda de Proyecto Sur pusieron en su lugar a un hombre del PRO. EL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL DE LA CIUDAD EN PELIGRO.
Aquí, la crónica del suplemento especializado de Página 12 escrito
por el periodista Sergio Kiernan:
SÁBADO, 14 DE JULIO DE 2012
El macrismo fue por todo
Para no pagar el
costo político de borrar la ley de patrimonio, el oficialismo porteño decidió
vaciar sus mecanismos con
ayuda de sus aliados de siempre.
Por Sergio Kiernan
A fines de año,
el macrismo hizo una trampita dura y simple, la de dejar sin despacho de
comisión la renovación de la ley 2548, la única que, pobrecita, permite cuidar
un poco el patrimonio porteño. Les
salió mal, en parte porque le encargaron el tema al poco sutil Cristian Ritondo
y en parte por el escándalo que hicieron los patrimonialistas, que rápidamente
lograron un amparo. En los siete meses desde entonces, el gobierno porteño tuvo
que buscar cómo cancelar los débiles límites a la piqueta. En estos días fríos
de invierno se reveló que la estrategia pasa por dejar la ley y vaciar su
aplicación. Esto se hizo llenando el Consejo
Asesor en Asuntos Patrimoniales de enemigos jurados de todo límite, y esta semana removieron por ley a la
única persona en ese Consejo que realmente se juega en el tema.
Como se sabe, el
Consejo tiene alzada para considerar todo edificio anterior a 1941 que quiera
ser demolido o remodelado. Este Caap no es ninguna maravilla, porque tiene el
sí fácil y el oído sensible a los argumentos inmobiliarios, pero se logró
frenar la piqueta en varios centenares de edificios. Que las protecciones sean
minoría es producto de la cerrada actitud de funcionarias como Graciela
Aguilar, que increíblemente representa al Ministerio de Cultura pero es una
ávida enemiga de los límites, o Susana Mesquida, la imperturbable representante
de su jefe, el director general Antonio Ledesma, que se supone preside la
entidad pero nunca, jamás puso pie por allí.
Pero la ofensiva
que comenzó en julio perfeccionó el no. En la sesión de este martes 10 de julio
por primera vez en la historia del régimen legal creado por la entonces
diputada Teresa de Anchorena, no se pudo aprobar ni una protección de las
presentadas por trámite. Ni una sola.
Esto se debe a
la aparición de dos nuevos miembros.
Por un lado, tomó su asiento la arquitecta Ana
Pusiol en representación de esa entidad tan sensible a los intereses
inmobiliarios, la Comisión de Planeamiento de la Legislatura porteña. Por otro
lado, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo sorprendió tomando su
lugar en una entidad que cuestionó por escrito durante años, enviando a uno de
sus consejeros titulares, el arquitecto Juan
Martín Urgell. Lo que tienen en común Pusiol y Urgell, además del título, es
que ninguno de los dos tiene el menor antecedente profesional en materia de
patrimonio. Y eso que sus currículum son largos.
Pusiol es especialista
en planificación urbana y gestión ambiental, materia que enseña en la cátedra
fundada en la Fadu/UBA por su marido, Carlos Lebrero. Sus muchas obras,
estudios, asesorías, participaciones en paneles de expertos, jurados y grupos
de trabajo no muestran ni una sospecha siquiera de algo patrimonial.
Urgell tiene un
perfil hasta más claro: su gran especialidad es la “dirección de empresas
constructoras e inmobiliarias”, carrera que estudió en Madrid, que enseñó aquí
y que explica su presencia como miembro de la comisión directiva de la
Asociación de Empresarios de la Vivienda desde hace 16 años y sus dos años como
miembro de la comisión directiva de la Federación Internacional de
Profesionales Inmobiliarios. Urgell es además socio del estudio fundado por su
padre y por Augusto Penedo.
Pero lo
realmente relevante aquí es que este arquitecto aparece en el Caap con mandato
del CPAU. Por años, el consejo profesional se negó a tomar su banca en la mesa
por su desacuerdo ideológico con la misma idea de que existiera esa mesa, por
mesita que fuera. La posición del CPAU es todo o nada: o se hace un
relevamiento que determine de una vez por todas qué es patrimonio y qué se
demuele, o se demuele en libertad. Y mientras se hace el relevamiento, también
se demuele.
El CPAU se ofende y envía cartas cada vez que se lo define como un
lobby de las empresas constructoras y los grandes estudios, pero su activismo a
la hora de frenar todo límite –baja de alturas, áreas de protección histórica,
catalogaciones– es entusiasta y abierto. La lógica del
negocio es que, a mayor la altura permitida, mayor el edificio y el capital
necesario, con lo que todo queda reservado a los grandes estudios y grandes
compañías. Eso del arquitecto independiente sin capital accediendo a obras más
pequeñas y viviendo dignamente no es del interés del organismo.
Con lo que no
extraña que este martes su representante Urgell fue tajante, firme, final en
sus negativas a proteger nada. Y Pusiol le hizo coro, junto al representante de
la Fadu/UBA, David Kuliok, y los empleados de Planeamiento y Cultura. El
círculo ahora cerraba.
MATEN A CAPANO
Sólo faltaba sacarse de encima a la persona más molesta para los
intereses de la industria privilegiada en el Caap. Protestando
sistemáticamente y animando a los que se dejan intimidar por la energía del
lobby, Mónica Capano se transformó en un verdadero problema para el macrismo en
su aspecto empresarial. Capano, militante del Frente para la Victoria, era la
secretaria general de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico
Cultural, un antiguo sello de goma creado por la
Legislatura y el Ministerio de Cultura porteño. Esta comisión servía para
estacionar amigos, publicar libros, viajar a congresos y cosas por el estilo,
hasta que Capano decidió resucitarla.
Con su asiento
en el Caap, la funcionaria ad honorem
mostró una grata energía en darles voz a los vecinos y a los patrimonialistas,
a los que ayudó y mucho con argumentos, investigaciones legales y buenas ideas
políticas. Todos estos imperdonables ataques resultaron en
que el PRO se decidiera a talarla de mala manera, pagando un costo político y
con la sorprendente ayuda de Proyecto Sur.
Este jueves, la
presidenta de la Comisión de Cultura de la Legislatura, Lía Rueda, presentó un proyecto de
nuevas autoridades de la comisión de Capano. Lo hizo unas horas antes de la
sesión habitual y con la
firma de los diputados de Proyecto Sur Raffo y Basteiro. Esto es
llamativo, no sólo por la flamante alianza, sino
porque el PRO tiene siete de los trece integrantes de la comisión, o sea quórum
y mayoría propias. No le hacía falta conseguir firmas por afuera.
El proyecto de Rueda propuso,
otra vez, como secretario general a Ricardo Pinal Villanueva, candidato al
puesto hace más de dos años y hombre de Diego Guelar, el lobbista de Churba en
el caso de La Imprenta. Pinal es director de proyectos culturales del Banco
Ciudad y fue tercer suplente en la lista de candidatos para la Comuna 8, sin
ser elegido. Es un hombre que garantiza que no habrá más problemas por este
flanco.
La diputada Lía Rueda obviamente
actuó por orden superior y con todo respaldo, lo que queda de manifiesto por la
manera en que presentó el proyecto: a la tarde del día de sesiones, sobre
tablas. El papel ni siquiera pasó por la comisión de labor, fue directamente al
recinto para ser votado. Cuando la oposición vio lo que estaba pasando se armó
un griterío, con duros intercambios, pero el PRO logró votarlo.
Y así fue que este jueves, a la noche, el macrismo logró limpiar
de toda oposición su sistema dedicado a aceitar y hacer posible el negocio
inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires. Ni falta
hace eliminar la ley.
