miércoles, 16 de noviembre de 2011

SE ACABA EL ESTADO QUE SUBSIDIA A LOS QUE MÁS TIENEN

El Gobierno anunció que se le quitará el beneficio a grandes empresas y a usuarios residenciales de Barrio Parque y Puerto Madero. La medida alcanzará también a los countries de todo el país. Además, se creará un registro para renunciar voluntariamente a la ayuda. Se generará un ahorro de $3.468 Millones.
"Se trata de la quita de 100% de los subsidios de las empresas de mayor nivel de facturación en los sectores de combustibles, procesamiento de gas natural, biocombustibles y aceites y agroquímicos", detalló el Ministro Boudou en conferencia de prensa desde el Ministerio de Economía. Al mismo tiempo, anunció la quita de subsidios a los servicios públicos para ciudadanos que vivan en los barrios porteños de Puerto Madero y Barrio Parque, y los countries de todo el país.
Una medida que apunta a que el Estado no beneficie a los sectores más pudientes y poderosos de nuestra patria, sino que esos recursos puedan ser redireccionados hacia los sectores más vulnerables.
NUNCA MENOS!

viernes, 4 de noviembre de 2011

POR EL PLENO RESPETO DE LA LEY DE COMUNAS

 DE COMUNEROS
Más reclamos para sumar a las Comunas como jurisdicción

Los juntistas comunales electos de Recoleta, Gabriela Castillo y Luciano Umerez, junto a un grupo de vecinos, firmaron un petitorio que reclama para que las Comunas sean incluidas como jurisdicción en el presupuesto 2012 y -en consecuecia- más dinero. El pedido será presentado en la Legislatura porteña.

Por Gabriel D´Angelo 
Cuando el ministro de Hacienda de la Ciudad, Nétor Grindetti, y el subsecretario de Atención Ciudadana, Eduardo Macchiavelli, pasaron por la Legislatura para defender el proyecto presupuestario para 2012, varios legisladores opositores les reclamaron que es necesario incluir a las flamantes Comunas como jurisdicción y no como una simple área de Gobierno como está planteado en el proyecto actual.

A este pedido de los diputados se suma el de los comuneros electos y vecinos de la Comuna 2, quienes firmaron este miércoles, durante el Pre Consejo Consultivo, un petitorio para exigir en la misma línea.

El documento, que fue apoyado por los juntistas comunales electos Gabriela Castillo (FpV) y Luciano Umerez (Proyecto Sur), pero no por los del PRO, pide además que se garantice la puesta en funcionamiento del Consejo Consultivo; se transfieran íntegramente las competencias exclusivas establecidas por la Ley 1777 y el control de los servicios públicos; y se traspasen a las Comunas las actuales sedes de los CGPC, así como también su personal.

El proyecto de Presupuesto para las Comunas resulta tan absurdo que en el mismo barrio de Recoleta, donde Mauricio Macri obtuvo más votos que en el resto de la Ciudad, los vecinos y vecinas sin distinción de banderas partidarias le reclaman el pleno cumplimiento de la Ley 1.777 y lo votado en las pasadas elecciones de junio”, expresó al respecto Gabriela Castillo.

VER publicación original en el portal Noticias Urbanas

miércoles, 2 de noviembre de 2011

MACRI PRETENDE IMPEDIR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMUNAS

EL FRENTE PARA LA VICTORIA DENUNCIÓ QUE EL MACRISMO NO CUMPLE CON LO VOTADO EN LAS ELECCIONES PORTEÑAS.

Los diputados y los comuneros electos del Frente para la Victoria denunciaron que el PRO desconoce el mandato popular que los ciudadanos porteños votaron de manera directa el 10 de julio cuando se eligieron los integrantes de las Juntas Comunales creadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Estuvieron presentes los diputados Juan Cabandié, Gabriela Alegre,  Tito Nenna, Maria José Lubertino, Aníbal Ibarra, Gonzalo Ruanova, Gabriela Cerruti, Delia Bisutti y Edgardo Form y los Comuneros electos del Frente para la Victoria entre los cuales se encontraba GABRIELA CASTILLO de la Comuna 2.

En el proyecto de presupuesto 2012 el macrismo no reconoce a las comunas como jurisdicción, como establece la Ley 70 de Gestión y Administración Financiera; y no se han incorporado las partidas presupuestarias necesarias para la puesta en funcionamiento de las Juntas Comunales y los Consejos Consultivos Comunales.

Además, el ejecutivo no cumple con su obligación de traspasar a las Comunas las actuales sedes de los CGPC, con su personal y patrimonio. Ni garantiza la transferencia de competencias exclusivas de las comunas ni el control de los servicios públicos por parte de estos órganos de participación ciudadana.

Reclamaron la derogación del decreto de creación de las UAC (Unidades de Atención Ciudadana) porque violan el espíritu de la Ley Orgánica de Comunas, constituyéndose en una junta comunal paralela sólo en manos del macrismo.

Macri no quiere ni la participación ni el control por parte de los ciudadanos y de las fuerzas de la oposición por lo que avanza con el vaciamiento de un órgano constitucional que fue votado de manera  directa por los ciudadanos porteños garantizando la pluralidad de sus representantes.

El diputado y presidente del bloque kirchnerista Juan Cabandié afirmó que el macrismo intenta  sacarle competencias a los comuneros e ir en contra de la voluntad popular, mediante la creación de las UAC”.

Vamos a exigir la aprobación y el aumento del presupuesto, el cumplimiento de las competencias de las Juntas comunales y la anulación de las UAC. Creemos en la decisión y elección popular”, finalizó Cabandié.

Por su parte, la diputada del Frente para la Victoria, Gabriela Alegre afirmó que: "el gobierno de Mauricio Macri está incumpliendo uno de los principios básicos de la Constitución de la Ciudad que es la democracia participativa. El Pro intenta vaciar de contenido a la juntas comunales para impedir que tengan capacidad de gestión y control de los contratos de mantenimiento del espacio público".

"En las elecciones del 10 de Julio los electores delegaron de manera directa su representación en un cuerpo de integración plural y origen territorial. Ese mandato esta siendo burlado por el Gobierno de Macri", señaló Alegre.

El kirchnerismo adelantó que realizará un plan de acción que incluirá movilizaciones y campañas de concientización territoriales, a la vez que se reserva el derecho de accionar judicialmente para obligar al ejecutivo macrista a cumplir con la constitución y las leyes.