NO A LA VENTA DEL BUENOS AIRES DESIGN - BASTA DE NEGOCIADOS CON EL PATRIMONIO PÚBLICO

SÁBADO, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Inmobiliaria Rodríguez Larreta, vende

Justo cuando está por vencer la concesión del Design Center, que se alquila a precio vil, el más alto nivel del macrismo quiere vender casi todo el Centro Recoleta, en subasta.

Por Sergio Kiernan

Calladitos, con bajo perfil, envolviendo el negocio con lenguaje legal, los macristas están preparando una bella donación del patrimonio público. La idea es vender el Centro Cultural Recoleta en “subasta pública”, de modo que el shopping que actualmente alquila, a muy, muy buen precio el grupo IRSA, pase a ser propiedad privada, con escritura y sin molestias. No importa el nivel de catalogación del lugar, no importa su nivel simbólico. Para guardar las apariencias, hila el macrismo, basta dejar el pedacito que da hacia Alvear, el que tiene en la puerta el cartel de Centro Cultural.

La movida arrancó en junio, cuando el mismo Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gabinete y ahora jefe de Gobierno electo, presentó un proyecto ley firmado con su ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera. El texto de seis artículos arranca pidiendo la división en propiedad horizontal del inmueble de la circunscripción 19, sección 11, manzana 40, parcela 1 con frentes sobre Junín, Azcuénaga y Pueyrredón. Este primer artículo es el que divide en dos el conjunto del Centro Cultural, creando una unidad Uno, el shopping con sus cocheras, y otra unidad Dos, el muñón de Centro Cultural que restará.

El segundo artículo va al grano, pidiendo la “desafectación del dominio público” porteño de la unidad Uno, y el tercero completa la idea pidiendo que se declare esta “unidad funcional” como “innecesaria para la gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por lo tanto se dispone la enajenación”. El tercer artículo indica que lo que se cobre por la enajenación se destinará a juntar fondos para la comprar y “poner en valor” un predio para el Poder Judicial porteño, de entre 40.000 y 60.000 metros cuadrados en la zona sur de la ciudad. Luego se indica que las escrituras las hará la misma escribanía del gobierno porteño. Hasta aquí, todo cortito y claro, sin mayores vueltas ni detalles. Para eso están los anexos, que muestran la escala de lo que plantean hacer.

El primer anexo es un “despiece”, un dibujo en volumen del conjunto en el que, con colores, se muestra cómo va a terminar el conjunto. La venta va a dejar afuera apenas los edificios de acceso por la entrada de Junín, la del Centro Cultural en sí. Se los puede ver alineados en los patios actuales y es todo lo que se recorre en un paseo cualquier día. Pero quien entre en coche por el subsuelo, entre a la planta baja por la entrada de Azcuénaga y Pueyrredón, o entre por la galería abierta junto a la sede de las Naciones Unidas, ya estará en propiedad privada, la del shopping. Para peor, el proyecto incluye vender hasta el volumen de tres pisos que está a la par de los edificios del Centro Cultural pero tiene acceso sólo desde el shopping. Es donde está el Hard Rock Café y el auditorio, uno de los ámbitos individuales más grandes del lugar.

¿Por qué quieren hacer este desguace/venta? La oportunidad de explicar la lógica de cualquier proyecto de ley es la nota tradicionalmente llamada Considerandos. La de esta ley, que agrega la firma de Mauricio Macri y está dirigida a María Eugenia Vidal, que será candidata a gobernadora bonaerense pero sigue siendo vecina de la capital y preside su Legislatura, se basa únicamente n un argumento y sólo en uno: crear los tribunales al sur. “Entre las principales políticas llevadas a cabo por el Gobierno de la CABA se encuentra la del desarrollo económico y social de la zona sur de la Ciudad. Una de las formas concretas de plasmar dichos objetivos es mediante el traslado de las sedes y oficinas de diversos órganos del Estado a la referida zona sur (...) Para que ellos sea posible, resulta conveniente utilizar formas de financiamiento que no comprometan el presupuesto ni aumenten la carga de los contribuyentes, a partir de nuevas formas de ingresos como es la venta de inmuebles innecesarios”.

El legislador Pablo Bergel presentó este mes un proyecto de ley para bloquear el oficialista y proponer que simplemente se deje caer la concesión del shopping, que todo el edificio revierta al uso público y que vuelva a ser, como en su origen, sede de museos y centro cultural. El tercer artículo del proyecto prohíbe taxativamente cualquier venta o cesión a terceros, y cualquier otro uso para el edificio.

Y Bergel agrega algunos datos interesantes en sus fundamentos. Resulta que lo que era un asilo de ancianos fue transformado en centro cultural en 1980, plena dictadura militar, con diseños de Clorindo Testa, Jacques Bedel y Luis Benedit, un garbo cultural que el macrismo no tiene. El conjunto alojó el Museo de Arte Moderno, el Museo de Artes Plásticas y el tan maltratado Museo del Cine, al que el PRO sigue dejando huérfano. En 1990, pleno menemismo, el conjunto pasó a Centro Cultural y en 1993 se dividió una parte para hacer el shopping, que en 1997 compró en un cincuenta por ciento la firma IRSA.

Desde entonces, el shopping fue un estupendo negocio. El alquiler, resalta Bergel, es de apenas 42.353 pesos, lo que cuesta una oficina en el microcentro y nada por una propiedad que el mismo gobierno porteño estima que cuesta al menos sesenta millones de dólares. Adentró hay 14.592 metros cuadrados de uso comercial, alquilados en un 92 por ciento, más cocheras, circulaciones, terrazas y rampas diversas. El diputado porteño afirma que no es casualidad que este “despropósito” aparezca por la Legislatura cuando falta tan poco para que se venza la concesión del shopping.

Y agrega un alma desconfiada: tampoco es casualidad que el gobierno porteño, a través de su empresa de subtes, insistiera tanto en hacer la estación Recoleta justo al pie del shopping. De hecho, conectada directamente por medio de un túnel. Por frenar ante la justicia esta coronita pagada por los contribuyentes, Basta de Demoler y Sonia Berjman enfrentan una vengativa demanda del gobierno porteño.

PUBLICADO ORIGINALMENTE EN http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/m2/10-2992-2015-09-20.html

EL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL DE LA CIUDAD EN PELIGRO

Todo listo para DEMOLER BUENOS AIRES…

El macrismo conjuntamente con Proyecto SUR se sacaron de encima a la persona más molesta para los intereses empresarios inmobiliarios de la Ciudad. La presencia de Mónica Capano en la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural constituía un obstáculo insalvable para que las grandes empresas de la construcción y los grandes estudios de arquitectura demuelan lo que queda de nuestro patrimonio urbanístico.

Mónica Capano se transformó en un verdadero problema para el macrismo en su aspecto empresarial. Capano, militante del Frente para la Victoria, mostró una grata energía en darles voz a los vecinos y a los patrimonialistas, a los que ayudó y mucho con argumentos, investigaciones legales y buenas ideas políticas. Todos estos imperdonables ataques resultaron en que el PRO se decidiera a echarla, y con la ayuda de Proyecto Sur pusieron en su lugar a un hombre del PRO. EL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL DE LA CIUDAD EN PELIGRO.

Aquí, la crónica del suplemento especializado de Página 12 escrito por el periodista Sergio Kiernan:

SÁBADO, 14 DE JULIO DE 2012

El macrismo fue por todo

Para no pagar el costo político de borrar la ley de patrimonio, el oficialismo porteño decidió vaciar sus mecanismos con ayuda de sus aliados de siempre.

       Por Sergio Kiernan

A fines de año, el macrismo hizo una trampita dura y simple, la de dejar sin despacho de comisión la renovación de la ley 2548, la única que, pobrecita, permite cuidar un poco el patrimonio porteño. Les salió mal, en parte porque le encargaron el tema al poco sutil Cristian Ritondo y en parte por el escándalo que hicieron los patrimonialistas, que rápidamente lograron un amparo. En los siete meses desde entonces, el gobierno porteño tuvo que buscar cómo cancelar los débiles límites a la piqueta. En estos días fríos de invierno se reveló que la estrategia pasa por dejar la ley y vaciar su aplicación. Esto se hizo llenando el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales de enemigos jurados de todo límite, y esta semana removieron por ley a la única persona en ese Consejo que realmente se juega en el tema.

Como se sabe, el Consejo tiene alzada para considerar todo edificio anterior a 1941 que quiera ser demolido o remodelado. Este Caap no es ninguna maravilla, porque tiene el sí fácil y el oído sensible a los argumentos inmobiliarios, pero se logró frenar la piqueta en varios centenares de edificios. Que las protecciones sean minoría es producto de la cerrada actitud de funcionarias como Graciela Aguilar, que increíblemente representa al Ministerio de Cultura pero es una ávida enemiga de los límites, o Susana Mesquida, la imperturbable representante de su jefe, el director general Antonio Ledesma, que se supone preside la entidad pero nunca, jamás puso pie por allí.

Pero la ofensiva que comenzó en julio perfeccionó el no. En la sesión de este martes 10 de julio por primera vez en la historia del régimen legal creado por la entonces diputada Teresa de Anchorena, no se pudo aprobar ni una protección de las presentadas por trámite. Ni una sola.

Esto se debe a la aparición de dos nuevos miembros. Por un lado, tomó su asiento la arquitecta Ana Pusiol en representación de esa entidad tan sensible a los intereses inmobiliarios, la Comisión de Planeamiento de la Legislatura porteña. Por otro lado, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo sorprendió tomando su lugar en una entidad que cuestionó por escrito durante años, enviando a uno de sus consejeros titulares, el arquitecto Juan Martín Urgell. Lo que tienen en común Pusiol y Urgell, además del título, es que ninguno de los dos tiene el menor antecedente profesional en materia de patrimonio. Y eso que sus currículum son largos.

Pusiol es especialista en planificación urbana y gestión ambiental, materia que enseña en la cátedra fundada en la Fadu/UBA por su marido, Carlos Lebrero. Sus muchas obras, estudios, asesorías, participaciones en paneles de expertos, jurados y grupos de trabajo no muestran ni una sospecha siquiera de algo patrimonial.

Urgell tiene un perfil hasta más claro: su gran especialidad es la “dirección de empresas constructoras e inmobiliarias”, carrera que estudió en Madrid, que enseñó aquí y que explica su presencia como miembro de la comisión directiva de la Asociación de Empresarios de la Vivienda desde hace 16 años y sus dos años como miembro de la comisión directiva de la Federación Internacional de Profesionales Inmobiliarios. Urgell es además socio del estudio fundado por su padre y por Augusto Penedo.

Pero lo realmente relevante aquí es que este arquitecto aparece en el Caap con mandato del CPAU. Por años, el consejo profesional se negó a tomar su banca en la mesa por su desacuerdo ideológico con la misma idea de que existiera esa mesa, por mesita que fuera. La posición del CPAU es todo o nada: o se hace un relevamiento que determine de una vez por todas qué es patrimonio y qué se demuele, o se demuele en libertad. Y mientras se hace el relevamiento, también se demuele.

El CPAU se ofende y envía cartas cada vez que se lo define como un lobby de las empresas constructoras y los grandes estudios, pero su activismo a la hora de frenar todo límite –baja de alturas, áreas de protección histórica, catalogaciones– es entusiasta y abierto. La lógica del negocio es que, a mayor la altura permitida, mayor el edificio y el capital necesario, con lo que todo queda reservado a los grandes estudios y grandes compañías. Eso del arquitecto independiente sin capital accediendo a obras más pequeñas y viviendo dignamente no es del interés del organismo.

Con lo que no extraña que este martes su representante Urgell fue tajante, firme, final en sus negativas a proteger nada. Y Pusiol le hizo coro, junto al representante de la Fadu/UBA, David Kuliok, y los empleados de Planeamiento y Cultura. El círculo ahora cerraba.

MATEN A CAPANO

Sólo faltaba sacarse de encima a la persona más molesta para los intereses de la industria privilegiada en el Caap. Protestando sistemáticamente y animando a los que se dejan intimidar por la energía del lobby, Mónica Capano se transformó en un verdadero problema para el macrismo en su aspecto empresarial. Capano, militante del Frente para la Victoria, era la secretaria general de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural, un antiguo sello de goma creado por la Legislatura y el Ministerio de Cultura porteño. Esta comisión servía para estacionar amigos, publicar libros, viajar a congresos y cosas por el estilo, hasta que Capano decidió resucitarla.

Con su asiento en el Caap, la funcionaria ad honorem mostró una grata energía en darles voz a los vecinos y a los patrimonialistas, a los que ayudó y mucho con argumentos, investigaciones legales y buenas ideas políticas. Todos estos imperdonables ataques resultaron en que el PRO se decidiera a talarla de mala manera, pagando un costo político y con la sorprendente ayuda de Proyecto Sur.

Este jueves, la presidenta de la Comisión de Cultura de la Legislatura, Lía Rueda, presentó un proyecto de nuevas autoridades de la comisión de Capano. Lo hizo unas horas antes de la sesión habitual y con la firma de los diputados de Proyecto Sur Raffo y Basteiro. Esto es llamativo, no sólo por la flamante alianza, sino porque el PRO tiene siete de los trece integrantes de la comisión, o sea quórum y mayoría propias. No le hacía falta conseguir firmas por afuera.

El proyecto de Rueda propuso, otra vez, como secretario general a Ricardo Pinal Villanueva, candidato al puesto hace más de dos años y hombre de Diego Guelar, el lobbista de Churba en el caso de La Imprenta. Pinal es director de proyectos culturales del Banco Ciudad y fue tercer suplente en la lista de candidatos para la Comuna 8, sin ser elegido. Es un hombre que garantiza que no habrá más problemas por este flanco.

La diputada Lía Rueda obviamente actuó por orden superior y con todo respaldo, lo que queda de manifiesto por la manera en que presentó el proyecto: a la tarde del día de sesiones, sobre tablas. El papel ni siquiera pasó por la comisión de labor, fue directamente al recinto para ser votado. Cuando la oposición vio lo que estaba pasando se armó un griterío, con duros intercambios, pero el PRO logró votarlo.

Y así fue que este jueves, a la noche, el macrismo logró limpiar de toda oposición su sistema dedicado a aceitar y hacer posible el negocio inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires. Ni falta hace eliminar la ley.